El 24 de noviembre de 2016 se firmó el Acuerdo Final para la Terminación del conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera. Cinco años después, se cuentan avances y retos para su implementación integral. En los municipios del Sur del Meta y el Guaviare persisten conflictos socioambientales históricos, y se transforman las dinámicas del conflicto.
Organizaciones sociales de los municipios de La Macarena, Puerto Rico y Vistahermosa en el Sur del Meta, y de Calamar, El Retorno, Miraflores y San José del Guaviare, en el departamento del Guaviare, participan de manera activa en el proyecto Observación Participativa de Paz, Políticas Agrarias y Ambientales Macarena- Guaviare, implementado por el Observatorio del Territorio de la Universidad de los Llanos, Cordepaz y el Programa Territorios de Oportunidad.
El proceso que se adelanta busca afianzar tres objetivos: 1. El seguimiento participativo a la implementación del Acuerdo de Paz en la subregión Macarena – Guaviare a partir de las voces de las organizaciones sociales quienes conocen y viven los avances y las dificultades del posacuerdo en el territorio. 2. Establecer diálogos de saberes y la transferencia de capacidades para el análisis de la información desde los procesos organizativos, y 3. El fortalecimiento de agendas y propuestas territoriales, así como su incidencia en escenarios de toma de decisiones de política pública.
En este sentido, con una apuesta metodológica orientada a la Investigación Acción Participativa -IAP, se realiza un trabajo articulado entre el Observatorio, Cordepaz y las organizaciones sociales, que consiste en la revisión de marcos normativos, reconstrucción histórico-regional, cartografía social, análisis participativo de información, capacitación en manejo de herramientas informáticas, entre otros; en un proceso que partió de la identificación y priorización de las conflictividades con mayor relevancia a nivel territorial en el marco de la implementación del Acuerdo de Paz.
Victorias tempranas del Acuerdo de Paz en la subregión
En el diálogo con las organizaciones sociales de estos municipios, se resaltan aspectos positivos del Acuerdo de Paz, como la reducción significativa en el impacto humanitario del conflicto armado en la región, así como el temor por parte sus pobladores. Como lo expresa Ángela Cadavid, lideresa del municipio de Vistahermosa: «La tranquilidad que dio el proceso de paz al municipio, da a que haya compromiso de la comunidad, que la zona rural quiera integrarse en los procesos que hay en el municipio, que las personas quieran se quieran formar, quieran hacer sus asociaciones, sus organizaciones, dio esa confianza.»
Así mismo, se ha abierto una ventana de oportunidad para la creación de nuevas oportunidades económicas como el turismo, que se ha incrementado en algunos municipios gracias a la disminución del conflicto social y armado, también la oportunidad de las comunidades para participar en la priorización de sus necesidades, y la atención que se presta a los conflictos históricos y nuevos en esta región.
Los retos en la implementación del Acuerdo de Paz
Entre las problemáticas priorizadas para el análisis, se destacan el acceso a tierras, las conflictividades socioambientales respecto al uso, ocupación y tenencia de la tierra en áreas de especial protección como son los Parques Nacionales Naturales y territorios en Ley segunda, conflictos por el traslape de figuras de ordenamiento, percepciones de incumplimiento en el Programa de Sustitución de Cultivos de Uso ilícito -PNIS-, desconfianzas por la captura y judicialización de campesinos y campesinas en el marco de la Estrategia Artemisa, entre otros.
Es de resaltar que las comunidades del Sur del Meta y Guaviare se caracterizan por tener procesos organizativos históricos y consolidados, los cuales han llevado a cabo acciones colectivas, movilizaciones campesinas y han alcanzados acuerdos con las instituciones públicas, que, en la mayoría de las ocasiones, terminan en incumplimientos por parte de la institucionalidad. En este sentido, se percibe un tejido social fragmentado.
Sin embargo, el Acuerdo de Paz ha sido circunstancial para la reconstrucción de propuestas desde los procesos organizativos, donde se promueve una salida dialogada y concertada a las conflictividades, y en las que se busca el reconocimiento de la historia regional de las dinámicas de colonización, así como solución a las condiciones de vulnerabilidad de sus habitantes.
Un ejemplo de lo anterior, fue la Audiencia Pública realizada en el mes de septiembre en el municipio de La Macarena, donde las organizaciones campesinas y étnicas del Sur del Meta, Guaviare y Caquetá, manifestaron frente a diferentes congresistas e instituciones públicas sus preocupaciones, exigieron respuestas integrales y concertadas a los conflictos sociales de sus municipios y establecieron propuestas.
Se debe anotar que El Acuerdo de Paz plantea la creación de mecanismos de conciliación y resolución de conflictos frente al uso y tenencia de la tierra con la participación de las comunidades campesinas, y es una condición sine qua non para el logro de una Reforma Rural Integral. El 24 de noviembre del presente año se cumple cinco años desde la firma del Acuerdo de Paz, y las comunidades que vivieron el conflicto social y armado con mayor rigor, continúan en la lucha por sus derechos.
